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Defensoría Habitantes Costa Rica

Defensoría pide al TSE hacerle caso a la CIDH y que admita matriminios gays

Juan Manuel Cordero, defensor a.i. de los habitantes pidió al Tribunal Supremo de Elecciones hacerle caso a la cuestionada resolución de la CIDH en relación al matriminio entre homosexuales.

Lo hizo en nombre de la Defensoría de los Habitantes enviando una carta al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidiéndoles autorizar y de manera inmediata la inscripción de matrimonios homosexuales.

Según los registros desde mayo pasado, el TSE aprobó el cambio de nombre por identidad de género tras una reunión de magistrados donde decidieron que si era vinculante el  informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Opinión Consultiva formulada por nuestro país aunque la misma CIDH dijo que no era vinculante ni obligatorio.

En relación con el trámite de inscripción de matrimonio entre personas del mismo sexo el Tribunal resolvió que no corresponde al Registro Civil autorizar o no la inscripción de estos matrimonios.

Para tales efectos se debe anular o derogar el artículo 14.6 del Código de Familia, acción que solo puede ordenar la Sala Constitucional.

También el defensor Juan Manuel Cordero dijo  que la solicitud enviada busca que el Tribunal cumpla, en su totalidad, la resolución de la opinión consultiva (no obligatoria).

A raíz de este hecho, el encargado de divulgaciones del  Movimiento Diversidad dijo estar “muy feliz” con la posición del Defensor, ya que deja ver la deuda que mantiene el TSE sobre las inscripciones de matrimonio y del cambio del sexo registral.

Como la Sala Constitucional había dicho que el matrimonio en Costa Rica se entiende que es únicamente entre personas de distinto sexo, ¿cuál es el valor de la sentencia de la doctrina de la Sala Constitucional en relación con la doctrina de la sentencia de la Corte? Esa sería una discusión muy complicada, porque no hay un mecanismo en el país para ver ese problema; no existe.

Entonces, si el Registro Civil no actúa de esa manera y el Poder Ejecutivo no promulga un reglamento, no sabrían las autoridades cómo actuar.

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