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Juan Manuel Cordero Defensor Habitantes

Defensoría “sorprendida” lamenta el fallo de Sala IV por matrimonio entre gays

La Defensoría  no durmió durante la noche y en horas de la madrugada emitieron un comunicado externando su posición ante el fallo de la Sala IV sobre el matrimonio entre homosexuales.

A través de un comunicado de prensa enviado a los diferentes medios de prensa del país, la Defensoría afirmó que están “sorprendidos”, por la decisión que tomaron los magistrados de la Sala IV.

“Considera la Defensoría que aunque respeta la resolución, el Tribunal sí dejó escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica”, reza el comunicado.

Los magistrados de la Sala IV resolvieron en darle dieciocho meses (año y medio) a la Asamblea Legislativa para que “decida” sobre matrimonio entre homosexuales.

En la resolución los magistrados le exigen a la Asamblea Legislativa que modifiquen el artículo de la Ley de Familia que dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y amenazan con que si el congreso no hace lo que piden queda rigiendo la “sugerencia no vinculante de la CIDH”.

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La comunidad LGBTI+ pretendía que se declararan inconstitucionales aquellos artículos que, o prohíben la unión entre dos personas del mismo sexo, o aseguran los derechos de las parejas heterosexuales, únicamente.

Que dijeron los gays?

Por otro lado el colectivo Movimiento Nacional por el Matrimonio Igualitario manifestó “su absoluto rechazo a la resolución dada por la Sala Cuarta, en los que de manera cobarde no reconoció el matrimonio igualitario y las uniones de hecho entre personas del mismo sexo”.

Para ese Movimiento, el desconocimiento de la Opinión Consultiva número 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le sugiere (no vinculante) al Estado de Costa Rica a reconocer las mencionadas figuras, constituye el mayor retroceso en la protección de los Derechos Humanos desde la instalación del Tribunal Constitucional en 1989.

“Mediante estas resoluciones el Tribunal Constitucional, supuesto máximo protector de los Derechos Humanos en Costa Rica, cercenó los anhelos de miles de familias y personas costarricenses, que depositaron en la justicia nacional la confianza para saberse iguales ante la ley y que se les permitiese desarrollar en forma plena sus proyectos de vida”, dijo la activista Nisa Sanz, vocera de ese colectivo.

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