Nacionales

Escándalazo: Juan Diego, el juez español Baltasar Garzón y un Iraní

Escuchar esta noticia

Asi, sin pelos en la lengua, José María Villalta, dio a conocer un nuevo escándalo donde estarían embarrados el juez Español, Baltazar Garzón, el ex candidato presidencial, Juan Diego Castro y el empresario iraní, el autobusero Raymond Semaan.

Villalta, diputado del Frente Amplio, envío la denuncia al Magistrado, Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que se investigue a fondo, la participación, de Garzón, su hija, el empresario de las rutas Tracopa, e Ina-Uruca, en las pasadas elecciones, y sobre todo, por qué, no se reportó a ese Poder de la República.

“Estimado don Luis Antonio. Ha llegado a mis manos documentación de la campaña electoral 2018 del entonces candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), señor Juan Diego Castro, que hacen sospechar sobre la probable existencia de al menos un pago por servicios profesionales de una consultora extranjera por fuera de la legalidad, así como de la realización de una encuesta por parte de la empresa sin que tuviera autorización del TSE.

Por esa razón solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones efectuar a través de sus órganos competentes una investigación sobre los hechos que a continuación se describen, indica el diputado al magistrado Antonio Sobrado.

Empresario financista de Juan Diego

En su relación de hechos, indica que  en noviembre de 2017 el empresario autobusero Raymond Semaan entabla relación con María Garzón y su empresa «Intemational Mades Communication», a través de un amigo común llamado Leonardo Figon.

Se establece un contrato verbal donde aparte de los servicios profesionales en comunicación para la campaña de Juan Diego Castro por $400 mil dólares (más $50 mil dólares si ganaba en primera ronda), se ofrece una conferencia anti corrupción «lidereada» por el doctor Baltazar Garzón (padre de la consultora).

También:  Le llueve tieso y parejo a Carlos Alvarado por crear la Gestapo tica

Pocos días después, en diciembre de 2017 Juan Diego Castro dice en correo electrónico dirigido a Semaan y Garzón: «Estoy conversando con doña Cecilia, analizamos la nueva propuesta y estamos de acuerdo con el monto convenido. Estamos listos para arrancar.» Se refiere a Cecilia Moreira, candidata a la vicepresidencia.

Un par de días después, María Garzón, hija del juez español Baltazar Garzon quien alcanzó la fama por haber metido en la cárcel al dictador Augusto Pinochet,  comunica que estará viajando a San José el miércoles 6 de diciembre y pide una reunión con Juan Diego Castro y su equipo para el jueves 8 de diciembre e indica que las personas que viajarán con ella «se quedarán en San José para trabajar en el terreno durante toda la campaña».

Hija de Garzón defiende a su padre

En relación con la conferencia del doctor Baltazar Garzón, María, su hija, comunica que la empresa asume los costos de la conferencia, pero no los honorarios que eventualmente cobre el ex juez, aunque negociará para que «no haya tales honorarios».

El 19 de diciembre de 2017, María Garzón envía una «Relación de gastos y horas de trabajo» al empresario Raymond Seeman quien es vox populi que fue el financista de Juan Diego Castro, por cuanto relación con la campaña de Juan Diego Castro ha concluido.

También:  Carlos Alvarado quiere quitar becas a niños de escuela

Marta Turino regresa a España el viernes 15 de diciembre y la a empresa cobra por la presentación inicial, el informe diagnóstico y plan de acción con toda la estrategia y acciones a llevar a cabo los meses venideros, así como el informe de análisis de la rueda de prensa del día 7, trabajo solicitado en esos días.

¡55 mil dólares costó la asesoría!

Además, se entregaron resultados de encuestas que se realizaron el día 8 de diciembre, se hizo un monitoreo continuado desde el primer momento hasta la finalización del periodo.

Ella  cobra la suma de $55,514.80 dólares.

Quien se los paga?. Por supuesto que fue el financista, el iraní Raymond Semaan.

Ante esto, Villalta le dice al TSE, que la contratación de consultorías tanto nacionales como internacionales no está prohibida por la legislación costarricense, de hecho, otros partidos durante esa misma campaña tuvieron relaciones parecidas con empresas tanto nacionales como extranjeras o consultorías a nivel personal.

“El requisito sin embargo es que se reporten los gastos de campaña con la revisión de un Contador Público Autorizado (CPA) autorizado por la Contraloría General de la República. Todos los partidos políticos están obligados a reportar ante el TSE sus gastos durante la campaña electoral mensualmente y luego hacer una liquidación de gastos.

En octubre de cada año el Tesorero del partido debe publicar los estados financieros y los contribuyentes voluntarios”, alega el Diputado

Confirma además que  Juan Diego Castro fue candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), sin embargo, en las finanzas de esta agrupación entregadas al TSE no aparece esta contratación ni la liquidación de los $55,514.80 dólares a la empresa de María Garzón. IMADES afirma haber realizado una encuesta a 1.500 personas el 8 de diciembre de 2017, acción que habría realizado sin estar autorizada por el TSE.

También:  Judiciales piden al Gobierno aplicar cuarentena nacional obligatoria

Según Villalta  hay dos documentos que prueban que la empresa consultora de María Garzón trabajó para la campaña de Juan Diego Castro. Uno se titula «Análisis comunicacional del Plan de Gobierno», que se desagrega en «Análisis comunicativo del Plan de Gobierno», «Públicos objetivo» y «Acciones concretas: vinculación de los mensajes a las áreas y los públicos».

Otro se llama «Informe diagnóstico y plan de acción» con capítulos de «Introducción», «Objetivos de la consultoría», «Clima electoral», «El candidato» y «Plan de acción».

También existen intercambios de correos electrónicos entre Raymond Seeman, Juan Diego Castro, Cecilia Moreira y Alfredo Villalobos, que evidencian los hechos denunciados.

“Por tanto, reiteramos al TSE la petición de investigar estos asuntos, la existencia de un pago por servicios profesionales al margen de las obligaciones del Código Electoral y el Reglamento de Financiación de los Partidos Políticos, la realización de una encuesta por parte de una empresa no autorizada por el Tribunal Supremo de Elecciones y, en consecuencia, la existencia de una estructura paralela de operación y financiamiento de la campaña electoral 2018, al margen de las estructurales legales del Partido Integración Nacional” concluye el legislador.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar